La Corte Suprema de EE. UU. ordena que se mantengan en vigor las restricciones fronterizas del Título 42
(Bloomberg) -- La Corte Suprema de EE. UU. ordenó que se mantuvieran vigentes las restricciones fronterizas de la era de la pandemia, accediendo a una solicitud de funcionarios estatales republicanos que dijeron que levantar las reglas habría producido una oleada inmanejable de inmigrantes que buscan ingresar al país.
Votando 5-4, los jueces bloquearon una decisión de un tribunal inferior que fue diseñada para invalidar la llamada regla del Título 42 a partir del miércoles. La orden del tribunal superior, que extiende una pausa temporal impuesta por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, mantiene la política fronteriza mientras avanza el litigio. El juez Neil Gorsuch se unió a los tres liberales de la corte en desacuerdo.
Los jueces también dijeron que escucharán argumentos sobre un aspecto del caso, un intento de los estados de intervenir en defensa de la política. El tribunal indicó que los argumentos se escucharán a fines de febrero o principios de marzo.
La orden se produjo después de que el Senado votara la semana pasada en contra de extender las restricciones como parte de un paquete general de gastos de 1,7 billones de dólares.
Las restricciones han permitido que las administraciones de Trump y Biden expulsen rápidamente a personas más de 2 millones de veces desde principios de 2020 en medio de una marea sin precedentes de migrantes y preocupaciones por la propagación de la COVID-19. Poner fin a la política habría significado un nuevo conjunto de desafíos para el presidente Joe Biden, obligándolo a manejar una nueva afluencia en la frontera sur.
Aunque el Título 42 es una disposición de salud pública, muchos halcones fronterizos han llegado a verlo como una herramienta necesaria. Al buscar la intervención de la Corte Suprema, 19 fiscales generales republicanos dijeron que la orden de un juez de distrito federal que invalida la política crearía una “crisis de proporciones sin precedentes” si la decisión entrara en vigor.
El gobierno de Biden dijo a los jueces que estaba preparado para usar otras herramientas de inmigración para abordar lo que probablemente sería un aumento “temporal” de los cruces ilegales.
“La solución a ese problema de inmigración no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha sobrevivido a su justificación de salud pública”, argumentó la procuradora general de EE. UU. Elizabeth Prelogar, la principal abogada de la corte de la administración Biden.
La administración está tratando de poner fin a la política por separado a través de una regla emitida en abril por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un juez federal de primera instancia ha bloqueado ese esfuerzo, y el caso ahora está ante un tribunal de apelaciones diferente.
Las familias inmigrantes cuestionan la política y le dicen a la Corte Suprema que las restricciones someten a las personas que no pueden ingresar a los EE. UU. a agresiones, torturas, violaciones y asesinatos.
“El registro en este caso documenta los horrores verdaderamente extraordinarios que las expulsiones del Título 42 causan a los no ciudadanos todos los días”, argumentaron los abogados de la American Civil Liberties Union Foundation para el grupo.
El juez de distrito de EE. UU. Emmet Sullivan anuló las restricciones en noviembre y dijo que los CDC no explicaban adecuadamente una desviación de la política anterior. Un tribunal federal de apelaciones en Washington dijo que los estados esperaron demasiado para intervenir y solicitar la suspensión del fallo de Sullivan.
La administración Biden adoptó una postura mixta hacia la política en la corte. El Departamento de Justicia apeló la orden del tribunal de distrito, pero no buscó mantener las restricciones mientras tanto.
Los estados liderados por el Partido Republicano calificaron el enfoque de la administración como una “rendición calculada y estratégica”. Los estados dijeron que levantar las restricciones les obligaría a gastar más dinero en la aplicación de la ley y los servicios sociales.
El caso es Arizona v. Mayorkas, 22A544.
--Con la asistencia de Jordan Fabian y Ellen M. Gilmer.
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