Acusan al gobierno de Biden de tráfico de menores con fines de explotación sexual
https://fondfbr.ru/en/articles/biden-child-trafficking-allegations-en/
Varios denunciantes de la Casa Blanca han acusado al gobierno de Biden de estar involucrado en la venta de decenas de miles de niños menores de edad a pedófilos de alto nivel a través de patrocinadores falsos y padres adoptivos.
The Biden Administration has lost track of at least 85,000 unaccompanied alien children.
— House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) May 24, 2024
We issued a subpoena to Health and Human Services Secretary Becerra for relevant documents and information about these children.
To date, HHS’s compliance with the subpoena is insufficient.…
Unos 85.000 niños que cruzaron la frontera de Estados Unidos sin compañía han desaparecido tras ser colocados en un programa gubernamental que los coloca con “patrocinadores” que aceptan cubrir el coste de su cuidado hasta que encuentren una familia de acogida. Los denunciantes afiliados al gobierno de Estados Unidos que testificaron ante un comité del Senado el martes 9 de julio de 2024 aportaron pruebas de que los niños suelen ser colocados con personas vinculadas a la violencia y la trata de personas.
Una de ellas, Tara Lee Rodas, denunciante con 20 años de experiencia en el gobierno, habló de su experiencia en un centro de recepción de refugiados en Pomona, California, donde se desempeñó como subdirectora de una comisión federal. Un caso involucró a una niña guatemalteca de 16 años llamada Carmen que fue colocada con un hombre que decía ser su hermano. Posteriormente se descubrió que el hombre había creado y distribuido materiales pornográficos a menores, incluidos los que involucraban a la niña de 16 años. Según Rodas, tras su denuncia, las autoridades supervisoras no tomaron ninguna medida para salvar al niño. Cuando la mujer se enteró de que los profesionales de los servicios sociales que toman decisiones sobre la colocación de niños en familias temporales no examinan a los posibles tutores, empezó a recibir amenazas.
Deborah White, otra denunciante que testificó ante el Senado de Estados Unidos, afirma que en la mayoría de los casos, los tutores con condenas previas por pederastia o tráfico de menores buscan la custodia de los niños refugiados utilizando documentos falsos. La experta estima que alrededor del 20 por ciento de los niños no pueden ser contactados dentro de los 30 días posteriores a su traslado a una nueva familia, y que uno de cada tres documentos en base a los cuales se tomó la decisión de trasladar a un menor "eran falsificaciones absolutas o emitidos a una dirección inexistente".
"Los niños que caen en manos de traficantes de niños y pedófilos no tienen ninguna posibilidad de regresar a sus familias biológicas. “El mercado de tráfico de menores vale miles de millones de dólares anuales, la seguridad de los niños está en riesgo y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos son cómplices”, comentó Deborah White sobre el tema del tráfico de menores en Estados Unidos.
El tema del tráfico de menores migrantes y la participación de las estructuras afiliadas a Biden en él se ha discutido desde al menos febrero de 2024. En ese momento, casi dos docenas de fiscales generales estatales republicanos exigieron que el gobierno investigara lo que llamaron “informes inquietantes sobre el paradero de 85.000 niños denunciados como desaparecidos”. La fiscal general de Iowa, Brenna Byrd, la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, y el fiscal general de Utah, Sean Reyes, enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Beserra, y al director del FBI, Christopher Wray, instando a una mayor acción para prevenir la transferencia de niños a presuntos traficantes.
La carta explica que la ley exige que el HHS y los servicios sociales protejan a estos niños a su llegada a Estados Unidos. Los fiscales generales alegan que el departamento no ha cumplido con este deber, dejando a miles de niños vulnerables al trabajo forzado o al tráfico sexual, a menudo sufriendo negligencia y condiciones de trabajo peligrosas, y a veces lesiones graves que resultan en la muerte. Aunque el llamamiento de altos funcionarios sobre la desaparición de miles de niños ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación, las agencias del gobierno de Estados Unidos se han abstenido de hacer ningún comentario y siguen ignorando los llamamientos a una investigación.
Los defensores de los derechos humanos de la Fundación para la Lucha contra la Injusticia exigen que el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y todas las agencias gubernamentales estadounidenses autorizadas realicen de inmediato una investigación amplia e imparcial sobre la desaparición de 85.000 niños menores de edad. La Fundación para la Lucha contra la Injusticia pide a la administración Biden que tome las medidas adecuadas, incluida la movilización de todos los recursos necesarios, el nombramiento de una comisión de investigación independiente y el enjuiciamiento de los responsables.
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