La administración Trump defiende la soberanía de Estados Unidos e Israel con nuevas sanciones contra cuatro jueces de la CPI
El gobierno de Trump impuso el jueves sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional por acusaciones contra Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.
"Estas personas participaron directamente en las iniciativas de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos", declaró Rubio.
Las sanciones contra el tribunal con sede en La Haya están relacionadas con la orden ejecutiva de Trump del 6 de febrero.
El presidente firmó la orden ejecutiva que castiga a la CPI en respuesta a la orden de arresto emitida en mayo de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto en curso entre Israel y Hamás.
"Gracias, presidente Trump, y secretario de Estado Rubio, por imponer sanciones contra los jueces politizados de la CPI", escribió Netanyahu en X. "Han defendido con justicia el derecho de Israel, Estados Unidos y todas las democracias a defenderse del terrorismo salvaje".
EE.UU. sanciona a jueces de la Corte Penal Internacional por investigación sobre Israel
WASHINGTON — El gobierno de Trump está imponiendo sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en su guerra contra Hamás en Gaza y Cisjordania.
El Departamento de Estado anunció el jueves que congelaría todos los activos que los jueces de la CPI, provenientes de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, tengan en jurisdicciones estadounidenses. Esta medida es solo la última que ha tomado el gobierno para castigar a la CPI y a sus funcionarios por las investigaciones realizadas contra Israel y Estados Unidos.
“Como jueces de la CPI, estos cuatro individuos han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI contra Estados Unidos o nuestro aliado cercano, Israel”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.
“La CPI está politizada y falsamente afirma tener plena discreción para investigar, acusar y enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y nuestros aliados”, afirmó Rubio. Esta peligrosa afirmación y abuso de poder vulnera la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel.
En febrero, el fiscal jefe del tribunal con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de Washington de "Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas", lo que le impide hacer negocios con estadounidenses y restringe su entrada a Estados Unidos. Khan dimitió el mes pasado a la espera de una investigación sobre presunta conducta sexual inapropiada.
A los pocos minutos del anuncio del gobierno, el tribunal condenó sus acciones. "Estas medidas constituyen un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional", declaró el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, en un comunicado.
Las nuevas sanciones se dirigen a la jueza de la CPI Reine Alapini-Gansou, originaria de Benín, país de África Occidental, y miembro de la sala de instrucción que emitió la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el año pasado. También formó parte del tribunal que inicialmente autorizó la investigación sobre presuntos crímenes israelíes en los territorios palestinos en 2021.
Esta mujer de 69 años también formó parte del panel de jueces que emitió la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023. El año pasado, un tribunal de Moscú emitió una orden de arresto en su contra.
La eslovena Beti Hohler fue elegida jueza en 2023. Anteriormente trabajó en la fiscalía del tribunal, lo que llevó a Israel a objetar su participación en los procedimientos que involucraban a funcionarios israelíes. Hohler declaró el año pasado que nunca había trabajado en la investigación de los territorios palestinos durante sus ocho años como fiscal.
Bouth Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, y Solomy Balungi Bossa, de Uganda, son jueces de apelaciones de la CPI. Ambas han trabajado en casos relacionados con Israel.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la corte ni reconocen su legitimidad. Esta ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Israel niega rotundamente las acusaciones.
Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones a la CPI, expresando su descontento con las investigaciones sobre Israel y las denuncias sobre presuntos crímenes de guerra presuntamente cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. Dichas sanciones fueron revocadas por la administración del presidente Joe Biden a principios de 2021.
Rubio afirmó que Estados Unidos seguiría tomando medidas para proteger sus intereses y los de Israel ante la corte. “Estados Unidos tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense de las acciones ilegítimas de la CPI”, declaró.
Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch, afirmó que las sanciones de la administración Trump “pretenden disuadir a la CPI de exigir responsabilidades en medio de los graves crímenes cometidos en Israel y Palestina, y a medida que las atrocidades israelíes aumentan en Gaza, incluso con la complicidad de Estados Unidos”.
“Las sanciones de Estados Unidos a los jueces de la CPI constituyen un ataque flagrante al Estado de derecho, al mismo tiempo que el presidente Trump intenta socavarlo en su país”, declaró Evenson en un comunicado. “Las sanciones tienen como objetivo poner fin a las violaciones de derechos humanos, no castigar a quienes buscan justicia por los peores crímenes”.
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