Planned Parenthood obtiene una victoria parcial en la batalla legal con la administración Trump por los esfuerzos de desfinanciamiento.
BOSTON — Planned Parenthood obtuvo una victoria parcial el lunes en una batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump por los intentos de desfinanciar a la organización en su emblemática legislación fiscal.
Una disposición de ese proyecto de ley suspende los pagos de Medicaid durante un año a los proveedores de servicios de aborto que recibieron más de $800,000 de Medicaid en 2023, incluso a aquellos como Planned Parenthood que también ofrecen servicios como anticonceptivos, pruebas de embarazo y pruebas de ETS.
Sin embargo, la jueza federal de distrito Indira Talwani en Boston otorgó el lunes una orden preliminar que, por ahora, impide al gobierno recortar los pagos de Medicaid a las organizaciones miembros de Planned Parenthood que no brinden servicios de aborto o que no hayan alcanzado el umbral de al menos $800,000 en reembolsos de Medicaid en un año determinado.
No quedó claro de inmediato cuántas organizaciones y clínicas de Planned Parenthood seguirían recibiendo reembolsos de Medicaid en virtud de esa decisión y cuántas podrían no recibirlos.
Planned Parenthood declaró en un comunicado tras la orden judicial que agradece que el tribunal haya reconocido el daño causado por el proyecto de ley.
Sin embargo, expresó su decepción por la pérdida de estos fondos por parte de algunos de sus miembros, lo que "pone en riesgo el caos, la confusión y el perjuicio para los pacientes que ahora podrían ser rechazados cuando buscan atención médica reproductiva vital".
"El tribunal aún no ha decidido si concederá medidas cautelares preliminares a otros miembros", añadió el comunicado. "Mantenemos la esperanza de que el tribunal conceda esta medida. Se producirá una auténtica crisis de salud pública si se permite que los miembros de Planned Parenthood sean 'desfinanciados'".
La demanda fue presentada a principios de este mes contra el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., por Planned Parenthood Federation of America y sus organizaciones miembros en Massachusetts y Utah.
Planned Parenthood argumentó que permitir que la disposición entrara en vigor tendría consecuencias devastadoras a nivel nacional, incluyendo un aumento en las tasas de enfermedades de transmisión sexual y cáncer sin diagnosticar ni tratar.
“Sin más razón que la simple animosidad, la ley impedirá que los miembros de Planned Parenthood brinden atención vital —de hecho, vital— a más de un millón de pacientes”, escribieron. “Esta ley es inconstitucional y causará un daño irreparable a los miembros de Planned Parenthood y a sus pacientes”.
Los abogados del gobierno argumentaron en documentos judiciales que el proyecto de ley “detiene los subsidios federales para los grandes abortos”.
“Los tres componentes del Gobierno Federal, elegidos democráticamente, colaboraron para promulgar dicha disposición, de acuerdo con los mandatos electorales del pueblo estadounidense sobre cómo desean que se gasten los dólares de los contribuyentes, ganados con tanto esfuerzo”, escribió el gobierno en su oposición a la moción.
El gobierno agregó que los demandantes “ahora quieren que este Tribunal rechace esa sentencia y sustituya la legislación debidamente promulgada con sus propias preferencias políticas… Esa solicitud carece de fundamento legal”.
Horas después de la presentación de la demanda, Talwani emitió una orden de restricción temporal que impidió al gobierno aplicar los recortes.
Esta orden expiraba el lunes.
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