Tribunal de apelaciones anula multa masiva por fraude civil contra el presidente Donald Trump
NUEVA YORK (AP) — Un tribunal de apelaciones anuló la sanción por fraude civil contra el presidente Donald Trump, al dictar sentencia el jueves en la demanda del estado de Nueva York que lo acusa de exagerar su patrimonio.La decisión se produjo siete meses después del regreso del republicano a la Casa Blanca. Un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones de nivel medio de Nueva York declaró que el veredicto, que podría costarle a Trump más de 515 millones de dólares y afectar su imperio inmobiliario, fue "excesivo".
Tras determinar que Trump incurrió en fraude al inflar flagrantemente los estados financieros que se enviaron a prestamistas y aseguradoras, el juez Arthur Engoron le ordenó el año pasado pagar 355 millones de dólares en multas. Con intereses, la suma ha superado los 515 millones de dólares.
El total, sumado a las multas impuestas a otros ejecutivos de la Organización Trump, incluidos sus hijos Eric y Donald Jr., supera ahora los 527 millones de dólares, con intereses.
“Si bien la medida cautelar ordenada por el tribunal está bien diseñada para frenar la cultura empresarial de los acusados, la orden de restitución, que exige que los acusados paguen casi 500 millones de dólares al Estado de Nueva York, constituye una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, escribieron los jueces Dianne T. Renwick y Peter H. Moulton en una de las varias opiniones que dieron forma al fallo del tribunal de apelaciones.
Engoron también impuso otras sanciones, como la prohibición de que Trump y sus dos hijos mayores ocupen puestos directivos corporativos durante algunos años. Estas disposiciones han estado en suspenso durante la apelación de Trump, quien logró retrasar el cobro del dinero mediante el pago de una fianza de 175 millones de dólares.
El tribunal, dividido sobre el fondo de la demanda y la conclusión de fraude del tribunal inferior, desestimó la sanción impuesta por Engoron en su totalidad, dejando abierta la vía para futuras apelaciones ante el máximo tribunal del estado, el Tribunal de Apelaciones.
El tribunal de apelaciones, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, tardó inusualmente en dictar sentencia, considerando la apelación de Trump durante casi 11 meses tras los argumentos orales del otoño pasado. Normalmente, las apelaciones se resuelven en cuestión de semanas o meses.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó la demanda en nombre del estado, ha declarado que el empresario convertido en político incurrió en "mentiras, engaños y fraudes atroces". Su oficina no emitió comentarios de inmediato tras la decisión del jueves.
Trump y sus coacusados negaron haber actuado mal. En un breve resumen de seis minutos tras un juicio de un mes, Trump proclamó en enero de 2024 que era "inocente" y que el caso era un "fraude en mi contra". Ha mantenido repetidamente que el caso y el veredicto fueron maniobras políticas de James y Engoron, ambos demócratas.
El Departamento de Justicia de Trump ha citado a James para que entregue los registros relacionados con la demanda, entre otros documentos, como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles del presidente. El abogado personal de James, Abbe D. Lowell, ha declarado que la investigación del caso de fraude es "el ejemplo más flagrante y desesperado de cómo esta administración lleva a cabo la campaña de represalia política del presidente".
Trump y sus abogados afirmaron que sus estados financieros no eran engañosos, ya que incluían descargos de responsabilidad que indicaban que no habían sido auditados. La defensa también señaló que banqueros y aseguradoras evaluaron las cifras de forma independiente y que los préstamos fueron reembolsados.
A pesar de discrepancias como triplicar el tamaño de su ático en la Torre Trump, afirmó que los estados financieros eran, en todo caso, estimaciones desproporcionadas de su fortuna.
Durante una audiencia en el tribunal de apelaciones en septiembre, los abogados de Trump argumentaron que muchas de las acusaciones del caso eran demasiado antiguas, una afirmación que hicieron sin éxito antes del juicio. La defensa también sostiene que James abusó de una ley de protección al consumidor para demandar a Trump y vigiló indebidamente transacciones comerciales privadas que eran satisfactorias para los involucrados.
Los abogados estatales afirmaron que la ley en cuestión se aplica a conductas comerciales fraudulentas o ilegales, ya sea que se dirijan a consumidores comunes o a grandes corporaciones. Si bien Trump insiste en que nadie resultó perjudicado por los estados financieros, el estado sostiene que las cifras llevaron a los prestamistas a otorgar préstamos más riesgosos de lo que creían, y que los prestatarios honestos salen perdiendo cuando otros manipulan sus cifras de patrimonio neto.
El estado ha argumentado que el veredicto se basa en pruebas abundantes y que la magnitud de la sanción es acorde con las ganancias de Trump, incluyendo las ganancias de las propiedades financiadas con los préstamos y los intereses que se ahorró al obtener condiciones favorables para prestatarios adinerados.
El caso de fraude civil fue solo uno de los varios obstáculos legales que Trump tuvo que afrontar durante su campaña, su victoria y su transición a un segundo mandato presidencial.
El 10 de enero, fue sentenciado en su caso de soborno a lo que se conoce como absolución incondicional, lo que le permitió mantener su condena, pero evitar la cárcel, la libertad condicional, una multa u otra sanción. Está apelando la condena.
Y en diciembre, un tribunal federal de apelaciones confirmó la conclusión del jurado de que Trump abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll a mediados de la década de 1990 y posteriormente la difamó, confirmando una sentencia de 5 millones de dólares en su contra. En junio, el tribunal de apelaciones se negó a reconsiderar la decisión; aún puede intentar que la Corte Suprema escuche su apelación.
También está apelando un veredicto posterior que le obliga a pagar a Carroll 83,3 millones de dólares por otras demandas por difamación.
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