Exclusiva: La agencia estadounidense de derechos civiles abre una amplia investigación sobre antisemitismo
WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - Una agencia de derechos civiles liderada por demócratas abrió una investigación exhaustiva sobre cómo el gobierno federal ha respondido a las acusaciones de antisemitismo en los campus universitarios. Esta revisión podría aportar una inusual dosis de escrutinio oficial a los enfrentamientos de la administración Trump con Columbia y otras universidades.
La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, una comisión bipartidista encargada de monitorear las violaciones de derechos civiles en todo el país y en el gobierno, ya ha indignado a los funcionarios de la administración Trump por tener a la demócrata Rochelle Garza como presidenta.
Ahora, con sus amplias solicitudes de documentos y comunicaciones entre funcionarios federales y las escuelas, vistas por Reuters, la investigación ha irritado aún más a funcionarios de la administración y aliados externos.
Además de buscar una gran cantidad de documentos de las escuelas, la comisión tiene previsto celebrar audiencias públicas en noviembre con testigos, bajo la dirección de sus líderes demócratas, que culminarán en un informe sobre sus conclusiones, que se espera que se presente en aproximadamente un año.
La comisión, que incluye a cuatro demócratas, tres republicanos y un independiente, votó unánimemente a favor de iniciar la investigación en enero, días antes de que Trump asumiera el cargo.
Y si bien examinará las acciones federales que se remontan al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, durante la presidencia de Joe Biden, la respuesta de la administración Trump a las denuncias de antisemitismo desenfrenado en los campus estadounidenses será objeto de una lupa como nunca antes.
Apenas unos días después de asumir la presidencia, Trump emitió una orden ejecutiva para reprimir el antisemitismo en general, incluyendo cómo algunas protestas estudiantiles podrían servir de pretexto para una investigación. Funcionarios de Trump han utilizado estas acusaciones, refutadas por funcionarios universitarios, para justificar amenazas de retener miles de millones de dólares de fondos federales, al tiempo que presionan a funcionarios para que firmen acuerdos legales que, según expertos en educación superior, han socavado la independencia tradicional de las universidades privadas.
La investigación examinará estas campañas de presión en un momento en que Trump ha reestructurado la mayoría, si no todos, los organismos federales encargados de supervisar las violaciones de derechos civiles dentro del gobierno federal.
El gobierno incluso ha intentado, sin éxito, arrebatar el control de la comisión intentando suplantar a sus líderes demócratas. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el gobierno intentó nombrar al veterano comisionado republicano Peter Kirsanow para presidir el panel a principios de este año.
"Los miembros de la comisión han estado bloqueando la confirmación de este nombramiento e impidiendo que se implemente la agenda del presidente", declaró el funcionario en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.
La comisión se creó como parte de la Ley de Derechos Civiles de 1957 como una agencia intergubernamental, independiente tanto del Congreso como del poder ejecutivo.
El Congreso nombra a cuatro miembros y los otros cuatro son nombrados por el presidente, quienes cumplen mandatos de seis años. El presidente tiene la facultad de designar al presidente y al vicepresidente, pero la comisión vota para nombrarlos. El presidente solo puede destituir a un miembro de la comisión por "negligencia en el cumplimiento del deber o mala praxis en el cargo", según el sitio web de la comisión.
Las acciones de Trump contra las universidades se incluirán en la investigación porque la comisión solicitó todas las comunicaciones entre las universidades y cualquier agencia federal "con respecto a conducta antisemita o conducta basada en ascendencia compartida bajo el Título VI", según documentos vistos por Reuters.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles prohíbe específicamente que cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera federal discrimine por motivos de raza, color y origen nacional. APROXIMADAMENTE UNA DOCENA DE INSTITUCIONES RECIBIERON SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Se enviaron solicitudes formales de información, conocidas como interrogatorios, a aproximadamente una docena de universidades, según una fuente informada sobre la investigación. Entre ellas se encontraban la Universidad de Minnesota y la Universidad de Columbia, según los interrogatorios vistos por Reuters.
La Universidad de Columbia se negó a hacer comentarios sobre la investigación. La Universidad de Minnesota no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Sin duda, la comisión no inició su investigación a principios de este año con la intención de centrarse en la administración Trump, según las transcripciones de las reuniones y los documentos enviados a las universidades.
La investigación de la comisión comenzó con un mandato del Congreso para rastrear la respuesta del gobierno al antisemitismo en los campus, "o la falta de ella", dijo Mondaire Jones, miembro demócrata de la comisión que lidera la investigación.
"Esta investigación de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos es independiente de cualquier acción que la administración Trump haya emprendido en nombre de la lucha contra el antisemitismo", dijo Jones. Las solicitudes de la comisión para acceder a todas las comunicaciones entre el gobierno federal y las universidades podrían dar la impresión de que el objetivo del grupo es "espiar" las investigaciones en curso de la administración actual sobre antisemitismo en el campus, afirmó Kendra Wharton, exfiscal general adjunta y miembro principal del equipo de defensa legal de Trump.
"La comisión claramente intenta recopilar comunicaciones confidenciales entre las universidades, el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación, lo cual considero sin precedentes", declaró Wharton, quien representa a algunas de las universidades investigadas. "Esto pone en una mala posición a quienes mantienen comunicaciones de buena fe con diversas agencias federales".
La investigación se produce después de que los lugartenientes de Trump disolvieran la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación y reorientaran la misión de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para priorizar temas de la agenda conservadora, como el derecho a portar armas y las ideologías antitransgénero. Desde enero, la división ha perdido casi 400 empleados. Un portavoz del Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que la agencia no podía hacer comentarios debido al cierre gubernamental, que limita su capacidad para responder a cuestiones ajenas a la seguridad nacional, las violaciones de la ley federal y las funciones esenciales de seguridad pública. El Departamento de Educación expresó opiniones similares, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos remitió todas las preguntas a la Casa Blanca.
La comisión podría ser una de las últimas agencias independientes que supervisan los derechos civiles dentro de la administración, afirmó Eve Hill, socia de Brown, Goldstein y Levy. La independencia de la comisión es "esencial" para exigir responsabilidades a cualquier administración por las políticas de derechos civiles, añadió.
"Les permite ser valientes al denunciar los impactos negativos de algunas políticas federales y poder exigir responsabilidades a cualquier administración por las acciones que está tomando y que no ha considerado detenidamente", declaró Hill, quien también se desempeñó como exfiscal general adjunta en la División de Derechos Civiles del DOJ.
"Y eso simplemente no se puede hacer si se está vinculado políticamente a una administración", concluyó.
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