Exclusiva: Opinión clasificada del Departamento de Justicia autoriza ataques a lista secreta de cárteles, dicen fuentes
https://edition.cnn.com/2025/10/06/politics/classified-justice-department-memo-cartel-strikes
La administración Trump ha emitido una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes, según varias personas familiarizadas con el asunto.
La opinión, elaborada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y no publicada previamente, argumenta que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses. La lista de cárteles va más allá de aquellos que la administración ha designado públicamente como organizaciones terroristas, según las personas familiarizadas con la opinión.
La opinión es significativa, según expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos, otorgando al presidente la facultad de designar a narcotraficantes como combatientes enemigos y ejecutarlos sumariamente sin revisión legal. Históricamente, los involucrados en el narcotráfico eran considerados delincuentes con derecho al debido proceso, y la Guardia Costera interceptaba embarcaciones narcotraficantes y arrestaba a contrabandistas. “Si la opinión de la OLC que autoriza los ataques contra los cárteles es tan amplia como parece, significaría que el Departamento de Justicia ha interpretado que el presidente tiene poderes tan extraordinarios que solo él puede decidir emprender una guerra mucho más amplia que la que autorizó el Congreso tras los atentados del 11-S”, declaró Sarah Harrison, exasesora general asociada del Departamento de Defensa, quien ahora trabaja como analista sénior en Crisis Group.
“Bajo esta lógica, cualquier grupo, pequeño, mediano o grande, que trafique drogas a EE. UU., la administración podría alegar que constituye un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, declaró Harrison, quien recibió de CNN los lineamientos de la opinión legal.
El memorando del Departamento de Defensa a los legisladores la semana pasada, en el que se describía la base legal para una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe —que argumentaba que EE. UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles y afirmaba que el presidente ha determinado que los contrabandistas de estos son “combatientes ilegales”—, se basó en gran medida en la opinión de la OLC, según informaron las fuentes. Los legisladores han solicitado repetidamente al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa una copia del dictamen legal, incluso la semana pasada, pero hasta la fecha las agencias no la han proporcionado al Congreso, según las fuentes.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios cuando se le preguntó sobre el dictamen de la OLC. La Fiscal General Pam Bondi tiene previsto testificar en el Capitolio el martes, donde probablemente responderá a preguntas de los legisladores sobre la justificación legal de la administración Trump para llevar a cabo ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes y presuntos miembros de cárteles en el Caribe.
Hasta la fecha, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra barcos que operan en el Caribe, matando a personas que, según la administración Trump, están "afiliadas" a cárteles de la droga que han sido designados como organizaciones terroristas en los últimos meses.
El ataque más reciente se llevó a cabo la semana pasada, matando a cuatro personas a bordo del buque, según una publicación en redes sociales del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En el Pentágono, algunos abogados militares, incluyendo expertos en derecho internacional de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa (DOD), han expresado su preocupación por la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Varios abogados militares, tanto actuales como anteriores, miembros del cuerpo de abogados generales, declararon a CNN que los ataques no parecen ser legales.
Los abogados del Pentágono, incluso si tienen dudas, no pueden invalidar la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del poder ejecutivo. Muchos abogados del DOD también se muestran reacios a disentir abiertamente, según declararon tres abogados generales actuales a CNN.
"El camino a seguir es simplemente aceptarlo, agacharse y actuar de acuerdo con las nuevas políticas del [secretario de Defensa] Hegseth", dijo uno. "Ningún abogado general está intentando causar problemas ni hacerse notar".
La opinión del Departamento de Justicia es clave en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles de la droga latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las facultades de la CIA para realizar ataques letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto. El presidente Donald Trump actualizó las facultades de la CIA casi al mismo tiempo que firmó una directiva secreta que ordenaba al ejército comenzar a atacar a los cárteles de la droga latinoamericanos a principios de este verano, según las fuentes.
CNN informó en abril que la CIA había comenzado a revisar sus facultades para usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países, mientras el gobierno de Trump daba prioridad a la lucha contra los cárteles. La CIA también está volando drones de vigilancia que pueden armarse sobre México.
Un ex alto funcionario de inteligencia declaró a CNN que existe una directiva presidencial, conocida como "hallazgo", para las acciones encubiertas de la CIA relacionadas con la misión antinarcóticos que se remonta a la década de 1980. Sin embargo, ese hallazgo se considera en gran medida "abierto" en cuanto a la definición de las acciones que puede tomar la CIA, añadió el exfuncionario, señalando que ha sido objeto de un importante debate dentro de la administración desde el inicio del segundo mandato de Trump.
La administración había estado trabajando para actualizar dicho hallazgo y brindar mayor claridad a la CIA sobre las acciones específicas que la agencia debe tomar en la región para impulsar la campaña anticarteles de Trump, afirmó el exfuncionario.
Sin embargo, la expansión de las autoridades de la CIA para incluir ataques letales contra miembros de los cárteles también conlleva riesgos. En América Latina, comparativamente, hay muchos más ciudadanos nacidos en Estados Unidos y titulares de tarjetas de residencia permanente, personas que podrían tener legitimidad para demandar al gobierno estadounidense si sufren algún daño. Y ese es un problema novedoso para la CIA, según informó CNN.
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