Presunto miembro de una pandilla callejera de Chicago acusado de incitar al asesinato de un alto funcionario policial involucrado en la "Operación Midway Blitz".
CHICAGO — Un presunto miembro de alto rango de una pandilla callejera de Chicago ha sido acusado en un tribunal federal de incitar al asesinato de un alto funcionario de las fuerzas del orden involucrado en la operación de control migratorio conocida como "Operación Midway Blitz".
Una denuncia penal, presentada hoy en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Chicago, acusa a Juan Espinoza Martínez, de 37 años y residente de Chicago, de un cargo de asesinato por encargo. Martínez fue arrestado esta mañana. Su comparecencia inicial ante el tribunal federal aún no se ha programado.
Según la denuncia, Martínez es un alto miembro de los Latin Kings, una pandilla callejera que ha participado en actos de violencia y otras actividades ilícitas en Chicago y otros lugares. Martínez declaró en un mensaje de Snapchat: "2 mil dólares por información cuando lo encuentren" y "10 mil dólares si lo derriban", según la denuncia. El mensaje incluía una foto del alto funcionario de las fuerzas del orden, quien recientemente participó en operaciones de control migratorio en Chicago en nombre de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., una agencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., según la denuncia.
La denuncia y el arresto fueron anunciados por Todd Blanche, Fiscal General Adjunto, Andrew S. Boutros, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, y Matthew J. Scarpino, Agente Especial a Cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Chicago.
Placing a bounty on a federal officer’s head is cowardly and an act of war on the rule of law. This case shows what Take Back America means: reclaiming our neighborhoods from violent thugs and criminal gangs. We will hunt anyone who targets those who protect our borders, streets,… https://t.co/qeD3bqUgSo
— Todd Blanche (@DAGToddBlanche) October 6, 2025
“Ofrecer una recompensa por la cabeza de un agente federal es un atentado contra el estado de derecho y contra todos los estadounidenses que dependen de las fuerzas del orden para su seguridad”, declaró el Fiscal General Adjunto Blanche. “Este caso refleja exactamente lo que queremos decir cuando decimos "Recuperar América": recuperar cada barrio y esquina de las manos de matones violentos y bandas criminales y devolverlos a los miembros respetuosos de la ley de nuestras comunidades. El Departamento de Justicia jamás permitirá que bandas violentas o redes criminales ataquen a quienes protegen nuestras fronteras y comunidades. Utilizaremos toda la autoridad, todos los recursos y todas las alianzas a nuestra disposición para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace o perjudique a nuestros agentes, con rapidez y decisión”. “Poner precio a la vida de un agente del orden público es una línea infranqueable”, declaró Andrew S. Boutros, Fiscal Federal del Distrito Norte de Illinois. “Las acciones del acusado en este caso demuestran un profundo desprecio por la vida humana y la seguridad pública. Bajo mi liderazgo, la Fiscalía Federal en Chicago exigirá responsabilidades a los acusados por sus graves actos criminales y garantizará que ningún agente federal tenga que temer por su vida por hacer su trabajo”.
“El arresto de este despiadado y violento miembro de los Latin Kings, una organización criminal conocida por su crueldad y desprecio por la ley, pone de relieve el firme compromiso de Investigaciones de Seguridad Nacional y de nuestros socios policiales para proteger a quienes defienden la justicia”, declaró el Subcomisario de Seguridad Nacional (SAC) de HSI, Scarpino. “Atacar a un alto funcionario federal es un ataque cobarde y directo al estado de derecho, y HSI persistirá en desmantelar pandillas violentas como los Latin Kings que amenazan a nuestras comunidades y a quienes juraron protegerlas”. Se recuerda al público que una denuncia no constituye prueba de culpabilidad. El acusado se presume inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
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